Las “10.000 viviendas protegidas” del Plan Vive
Unos días antes de que la DANA se tragara el discurso del President, Mazón afianzaba su proyecto de vivienda pública como el pilar fundamental de su mandato al frente de la Generalitat. El Plan Vive, un proyecto heredado del Botànic que pretende construir 10.000 viviendas protegidas antes de 2027 a partir de la “colaboración público-privada”, era la respuesta de Mazón a las demandas de una sociedad valenciana asfixiada por la imposibilidad de acceder a una vivienda.
Aumentar y fortalecer el parque público de vivienda es fundamental para cualquier sociedad que pretenda consolidar este derecho universal. En este sentido, un modelo justo de vivienda de protección oficial (VPO) impulsado desde las instituciones debería ser el eje central alrededor del cual pivote la política de vivienda. Cuando hablamos del diseño actual de VPO nos referimos tanto a pisos protegidos de titularidad pública como a inmuebles de titularidad privada con precios regulados. Estas últimas, las de titularidad privada, representan la mayor parte del parque protegido y son prácticamente la totalidad de las que se construyen en la actualidad.
Sin embargo, tal y como vienen señalando los sindicatos[1] el modelo de VPO del que se nutre el Plan Vive no tiene los mecanismos ni la orientación adecuados para consolidar el derecho a la vivienda: este proyecto avanza hacia un modelo concertado que pretende garantizar los beneficios de las constructoras, permitiendo la especulación con la vivienda protegida y excluyendo del acceso a la vivienda a la mayoría de la población, sobre todo a la más vulnerable.
Los precios de las VPO son inasumibles
En el paradigma valenciano esto es radicalmente cierto y evidente. En primer lugar, los precios de los pisos protegidos de titularidad privada son inasumibles en muchos casos. Para las familias que ingresan menos de 1500€ al mes el precio de compra de una VPO en la ciudad de Valencia ronda los 153.000€, mientras que en Alacant y Castelló está en 144.000€. De igual manera, el alquiler de una VPO para el percentil más vulnerable de la población gravita en torno a los 420€ al mes según los baremos oficiales de la GVA[2], pudiendo llegar a los 608€ en el caso de las familias de mayor renta. Y esto solo en el caso de viviendas de 2ª transmisión en adelante.
En el caso de construcciones nuevas como las que incluye el Plan Vive los precios son aún más altos. Mazón aprobó un Decreto de Vivienda de Protección Pública el pasado mes de setiembre que aumenta a 2400€ el precio del m2 para las VPO de promoción privada, lo que dejaría los precios de compra alrededor de 216.000€ en el caso de este tipo de inmuebles[3].
Viviendas protegidas que acaban en manos de especuladores
Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las VPO de titularidad privada no gozan de calificación protegida permanente, por lo que al pasar unos años pierden la protección y vuelven al mercado privado sin límite de precios. Las viviendas protegidas anteriores a 1992 ya han expirado su calificación -que iba desde los 20 a los 50 años de duración- y actualmente pueden venderse o alquilarse a precios libres. Las construidas a posteriori gozan de una protección aún más corta con calificaciones estipuladas entre los 15 y los 30 años, por lo que muchas de ellas dejarán de estar protegidas próximamente, si no lo han dejado de estar ya[4].
Cada año el parque valenciano de vivienda protegida pierde cientos y miles de pisos regulados que pasan a manos de propietarios privados, bancos y fondos de inversión a precios de mercado. ¿Por qué la GVA no las dota de protección permanente para evitar esta fuga? Ejemplos los hay en otras comunidades autónomas. En 2003, el gobierno de Euskadi aprobó un decreto por el que todas las VPO construidas desde esa fecha -tanto de titularidad pública como privada- gozaban de calificación protegida indefinida. Esto, junto con la promulgación de la ley vasca de vivienda de 2015, ha garantizado que “dos de cada tres de las 75.000 viviendas de protección oficial existentes hoy en el País Vasco nunca podrán ser usadas para la especulación inmobiliaria”[5].
Sin embargo, las informaciones disponibles demuestran que las “10.000 viviendas” del Plan Vive siguen en la misma línea que hasta ahora: invertir ingentes cantidades de dinero en construir vivienda protegida para regalarla a los especuladores cuando caduque su calificación: “Así, el periodo de protección será de 30 años para las promociones en suelos calificados para vivienda de protección pública, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven” [6].
Un modelo de vivienda concertado y excluyente
Este es un negocio muy rentable para el sector inmobiliario. Las promotoras reciben grandes sumas de dinero público por inversiones altamente beneficiosas, no solo por las ganancias de la venta del inmueble pasados los años de protección, sino también por las rentas que se extraen del mismo durante el tiempo que dura la calificación -ya hemos explicado que los alquileres no son bajos en ningún caso-.
Las alabanzas de la patronal inmobiliaria al nuevo decreto de Vivienda Protegida aprobado por Mazón son un buen ejemplo de los intereses en juego[7]. Esta mercantilización de la vivienda protegida fundamentada en los inputs que genera el negocio de las VPO cuenta con el respaldo del sector inmobiliario pero también con el compromiso de un gobierno autonómico históricamente vinculado a la corrupción urbanística. Su apuesta por regalar dinero público a los grandes empresarios de la construcción en lugar de asumir la promoción de vivienda pública desde las instituciones nos está costando cara a todos los valencianos.
Este diseño es justo lo contrario de lo que significa la vivienda pública, universal, gratuita y de calidad. Se trata, más bien, de un modelo concertado y excluyente que tiene como objetivo “constituir un pequeño parque de vivienda concertada que garantice el beneficio económico de los actores implicados en el proceso”[8] por encima de salvaguardar el acceso a uno de los derechos básicos de toda la ciudadanía.
¿Seguir construyendo cuando 4 de cada 10 pisos están vacíos?
Según datos del 2023 emitidos por el Ministerio de Transportes, el 41,5% de todos los pisos del País Valencià son “viviendas no principales”[9], lo cual significa que o bien no se destinan a un uso residencial o bien permanecen vacías todo el año. Es decir, hay 1.193.410 viviendas que no cumplen con la función social de la propiedad privada recogida constitucionalmente. Este acaparamiento de vivienda vacía en manos privadas restringe el acceso de todos los valencianos y contribuye a hinchar los precios.
¿Qué sentido tiene edificar más pisos cuando 4 de cada 10 inmuebles ya construidos permanecen vacíos la mayor parte del tiempo? Las instituciones deberían adquirir la vivienda vacía ya existente en lugar de dilapidar ingentes cantidades de dinero público en construir aún más pisos. Los costos sociales pero sobre todo ecológicos de proyectos como el Plan Vive son inadmisibles teniendo en cuenta el gran porcentaje de vivienda inutilizada.
Recuperemos las viviendas vacías: ¿derecho de tanteo y retracto, o expropiación?
Un modo de adquirir vivienda ya construida es mediante el derecho de tanteo y retracto. En la legislatura pasada la GVA aprobó un Decreto ley que permitía a las instituciones adquirir vivienda preferentemente e incorporarla al parque público[10]. A pesar del recurso del PP contra esta ley por considerarla un “ataque a la propiedad privada”, el decreto salió adelante y se adquirieron cientos de inmuebles, algunos a precios simbólicos como las viviendas a 1€ de Torrent[11] o las que se compraron en Algemesí antes de que un fondo de inversión se hiciera con ellas, algunas a 1000€ por unidad[12].
Sin embargo, la adquisición de inmuebles por medio del tanto y el retracto es una medida insuficiente si lo que se quiere es apostar firmemente por la vivienda pública. El modelo que necesitamos debe forzar al cumplimiento de la función social de la propiedad privada. Por lo tanto, la solución no pasa por invertir dinero público en “comprar preferentemente” un puñado de pisos mientras existen cientos de miles de viviendas vacías y secuestradas por el capital especulador. El derecho de tanteo y retracto solo es una tirita en una herida que se desangra a pasos forzados.
Los sindicatos coinciden en que la solución al problema pasa por la expropiación de inmuebles que sean propiedad de grandes tenedores para posteriormente incorporarlos al parque público de vivienda dotados de protección permanente y a precios totalmente gratuitos. La expropiación es una herramienta legal y constitucional aplicable en aquellos casos donde el uso de la propiedad privada particular vaya directamente en contra del interés general de la población.
Las viviendas vacías destinadas a la especulación o al turismo no cumplen ninguna función social, más bien lo contrario: sus propietarios hacen negocio con un bien básico y contribuyen a la subida generalizada de los precios. La vivienda, de igual manera que la sanidad o la educación, debería estar totalmente garantizada y no ser tratada como una mercancía.
Si los gobiernos no apuestan por la expropiación serán los sindicatos de vivienda los que se organicen para arrancar de las manos de los especuladores el derecho universal a tener un techo bajo el que vivir.
Llorenç Saval, militante del Sindicat de barri de Carolines, Alacant.
*Este artículo representa mi postura en particular y no la línea oficial del Sindicat.
[1] https://www.eldiario.es/catalunya/encrucijada-generar-sistema-vivienda-publico-concertado_129_11840218.html
[2] https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/calculo-precios-maximos-de-vivienda-protegida
[3] https://valenciaplaza.com/la-generalitat-sube-el-precio-de-la-vpo-y-rebaja-las-limitaciones-para-su-venta
[4] https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/calculo-precios-maximos-de-vivienda-protegida
[5] https://elpais.com/economia/vivienda/2024-10-13/el-modelo-vasco-prohibido-especular-con-la-vivienda-publica.html?utm_source=chatgpt.com
[6] https://valenciaplaza.com/la-generalitat-sube-el-precio-de-la-vpo-y-rebaja-las-limitaciones-para-su-venta
[7] https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2024-09-13/los-promotores-valencianos-aplauden-el-nuevo-decreto-de-vivienda-protegida.html?utm_source=chatgpt.com%C3%A7
[8] https://www.eldiario.es/catalunya/encrucijada-generar-sistema-vivienda-publico-concertado_129_11840218.html
[9] https://apps.fomento.gob.es/boletinonline2/?nivel=2&orden=33000000
[10] https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/drets-de-tanteg-i-retracte-en-favor-de-la-generalitat
[11] https://valenciaplaza.com/vivienda-anuncia-nueva-adquisicion-tanteo-dos-viviendas-torrent
[12] https://valenciaplaza.com/la-generalitat-invierte-900000-euros-en-algemesi-y-compra-98-viviendas-que-se-sumaran-al-parque-publico
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